Las sociedades concesionarias de autopistas españolas han registrado este ejercicio, por primera vez en varios años, una caída de los ingresos por culpa de la contracción española. Pero, sobre todo, les ha situado al borde de la quiebra por un cóctel de conflictos administrativos, regulatorios y judiciales. Las sentencias del Tribunal Supremo sobre expropiaciones de suelo en Madrid condenan al sector a pagar 2.000 millones de euros, una cantidad que los afectados se ven incapaces de asumir, por lo que han recurrido al Gobierno. Sigue leyendo...